San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Rosa Elvira Flores Sánchez, autonombrada ilegalmente como presidenta del Consejo de Administración de la Caja Popular San Juan Bosco, en un acto desesperado e irresponsable está convocando a través de la radio XEWM para que los representantes de socios y empleados de la Cooperativa, conformen grupos de choque que impidan a la Fiscalía de Justicia del Estado cumplir con la sentencia emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de restituir los bienes inmuebles a su legítimo gerente general y apoderado legal el licenciado Enoc Hernández Cruz.

Durante una entrevista radiofónica Flores Sánchez, reconoció que en tres instancias jurisdiccionales les han negado la razón, descalificado el conocimiento y el expertis de los jueces y magistrados tanto del fuero común como del fuero federal, en un completo desacato a las autoridades y total desconocimiento de las normas jurídicas.

“No vamos a permitir que se restituya nada, porque es propiedad de nosotros y la Fiscalía, los jueces o magistrados y ninguna autoridad nos va a venir a ordenar que es lo que tenemos que hacer”, señaló Rosa Elvira Flores, demostrando total ignorancia y desconocimiento del impacto que tienen los juicios y las sentencias que de ellas emanen.

Hay que subrayar que los presuntos malos manejos de los recursos financieros de la Caja Popular han sido denunciados también por el presidente del Consejo de Vigilancia del mismo grupo de Rosa Elvira Sánchez, el profesor Daniel Bermúdez Pilicastro, quien señaló ante el ministerio público investigador que los responsables de ese presunto desfalco millonario son Rosa Elvira Flores Sánchez, Manuel Maciel Mora y Francisco Darwin Trejo Recinos, por lo que él se deslinda de toda responsabilidad.

Durante más de año y medio que Maciel Mora y Trejo Recinos, han administrado ilegalmente la Cooperativa, su irresponsabilidad ha quedado demostrada al negarse a pagar impuestos, contribuciones y multas al SAT, al IMSS, al Infonavit, a Fonacot, a Condusef y están a punto de ser canceladas las pólizas de seguros de vida, protección de haberes y protección al préstamo, lo que afectaría a los 60 mil socios que quedarían desprotegidos de estos beneficios.

Por lo que esta convocatoria de Rosa Elvira Flores Sánchez, dirigida a los representantes de socios desde un medio de comunicación para impedir la restitución y condicionar a los trabajadores para formar barricadas contra la acción de la justicia, son delitos del orden federal que podrían traerles consecuencias jurídicas a quienes pudieran respaldar esas acciones a todas luces ilegales.

Por otro lado, la restitución en el momento que se lleve a cabo, es el primer paso para reactivar lo más pronto posible todos los servicios a favor de los socios ahorradores en las sucursales locales y foráneas.

Y terminaría así mismo la pesadilla de los socios por el hostigamiento y las presiones a las que han sido sometidos con notificaciones anónimas de la gerencia de cobranza, para que realicen el pago de préstamos vencidos, cuando dichos recursos no han sido ingresados a las cuentas bancarias de la Caja Popular.

Rosa Idalia Molina, una de las trabajadoras acompañada del resto de sus compañeras, dijo que la inconformidad es por la falta del pago de la primera quincena del mes de marzo y que ya son varias ocasiones que les han venido atrasando los pagos.

"Estamos manifestándonos un grupo de mujeres trabajadoras de la guardia, afortunadamente tenemos el apoyo de los padres de familia, lo más grave es que los directivos nos intimidan porque dicen que nos van a descontar, pero no es la primera vez que nos sucede el atraso de los pagos, esta primera quincena de marzo no nos han pagado, la única demanda es que nos paguen y que nos respeten nuestras áreas de trabajo", sostuvo.

Finalmente, aseguraron que no se retirarán mientras no se resuelvan sus demandas, por lo que exigieron respeto a cada una de las trabajadoras que prestan sus servicios en esta guardería del IMSS, así también agradecieron a las madres y padres de familias que brindaron su apoyo para que les depositen sus quincenas.

Tanto el personal de seguridad privada como los trabajadores del Hospital IMSS número 18 intentaron encubrir el incidente, ya que no se comunicaron con el número de emergencia 911 para solicitar ayuda. Fueron los ciudadanos que estaban de guardia en el hospital quienes ingresaron al edificio con palos, barreras y otros objetos para destruir el ascensor y rescatar a la niña. Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, la niña quedó atrapada en el ascensor y perdió la vida.

Los guardias de seguridad del hospital intentaron expulsar a los ciudadanos que estaban rescatando a la niña, alegando que tenían la situación bajo control. Los testigos señalaron que el ascensor carecía de mantenimiento y que ningún personal del hospital ayudó al padre de la niña, quien desesperadamente buscaba ayuda en el lugar.

Fue solo después de treinta minutos que llegaron los servicios de emergencia, pero incluso en ese momento, el personal del hospital impedía el acceso a las autoridades pertinentes para hacer frente a la situación.

Las investigaciones sobre las circunstancias de la muerte de la niña aún están en curso. El personal de la Fiscalía General del Estado también se presentó en el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y para retirar el cuerpo, ya que se sospecha que pudo haber habido negligencia al no mantener el hospital IMSS número 18 de Playa del Carmen en adecuadas condiciones.