Durante el evento protocolario, la presidenta municipal, Mtra. Fabiola Ricci Diestel, destacó que este festival es un homenaje a las raíces y a la tierra fértil que da vida al cacao, transformado con esfuerzo y amor por mujeres y hombres en identidad, tradición y futuro para los pueblos. Asimismo, agradeció la presencia de representantes del gobierno estatal, productores y organizadores que han impulsado este proyecto desde su inicio en 2019.

En representación del gobernador, Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, asistió el secretario de Economía y Trabajo, Luis Pedrero González, quien resaltó la importancia histórica y económica del cacao chiapaneco, producto que representa casi el 40% de la producción nacional. Subrayó que se trabaja en proyectos para fortalecer su comercialización, impulsar cadenas de valor y buscar la denominación de origen que reconozca al cacao de Chiapas como un símbolo de identidad y desarrollo.

El festival reúne a más de 50 expositores de Chiapas y otros estados del país, ofreciendo a los visitantes degustaciones, muestras gastronómicas, actividades culturales y espacios de aprendizaje en torno al cacao. Con ello, San Cristóbal de Las Casas reafirma su lugar como capital cultural de Chiapas y casa del cacao y chocolate.

Los buenos oficios de la secretaria de gobierno y mediación, para generar acuerdos que permitan conciliar a las partes y desactivar posibles conflictos sociales, fue boicoteado por quienes usurpando funciones le apuestan a la quiebra financiera de la Caja Popular San Juan Bosco.

Lo anterior quedó de manifiesto este miércoles 13 de agosto, cuando ningún trabajador de la Cooperativa asistió a la mesa de diálogo que convocada por escrito y con anticipación por parte de la Subsecretaría de Gobierno, ninguneando además por escrito a la dependencia encargada de la gobernabilidad en el estado.

Rosa Elvira Flores Sánchez y Eleazar Eduardo Álvarez Hernández, sin acreditar la personalidad que ostentan, descalificaron la mediación de la Secretaría de Gobierno rechazando enérgicamente la invitación a la mesa de diálogo, argumentando que esta institución no tiene facultades legales para intervenir en esta clase de conflictos.

Así mismo reconocen la ilegalidad en la que se desempeñan los trabajadores por lo que recomiendan a la Secretaría de Gobierno se abstenga de hacer invitaciones a las sucursales de la Caja Popular “porqué en realidad, los encargados o el personal que labora en esas sucursales, carece de cualquier representación legal u orgánica de la Cooperativa”.

Cabe señalar que resulta por demás contradictoria esta postura, toda vez que el pasado 10 de julio, Rosa Elvira Flores, Manuel Maciel Mora, Francisco Darwin Trejo Recinos, Gabriel Humberto Juárez Flores y Armando Ramos Ballinas, solicitaron por escrito a la Fiscal de Distrito Altos Claudia Irene Constantino, instalar una “ mesa de diálogo por la paz “ con los representantes legales de la Caja Popular Enoc Hernández y Máximo Vera.

Es lamentable que los trabajadores pierdan la oportunidad de preservar su trabajo ante el desinterés manifestado el día de hoy para no asistir a la reunión convocada por la Secretaria de Gobierno para buscar alternativas de solución.

Las personas que que enviaron el escrito para reventar la mesa de diálogo, no fueron citados, sin embargo, dejan en claro que no permitieron que la información llegara a los trabajadores, coartando su derecho personal y humano.

Dichos usurpadores mencionan además, que los trabajadores no son legales y no pertenecen al organigrama institucional, reconociendo que, en las sucursales hay gente que no pertenece a la Cooperativa pero que están obteniendo un lucro indebido con los movimientos financieros que realizan con la manipulación clandestina del banco de datos de los socios ahorradores.

De acuerdo con testimonios de habitantes, el suministro ha sido irregular desde hace varios años, llegando en algunos meses solo dos o tres días con baja presión. Las fallas actuales se atribuyen a desperfectos en una de las bombas del sistema de agua, dañada por una descarga eléctrica durante los constantes apagones en la zona.

Autoridades municipales señalaron que el equipo afectado se ubica en el predio Santa Elena, a unos 5 kilómetros de la cabecera y que actualmente solo una bomba se encuentra en operación, lo que limita la distribución. Vecinos recordaron que la crisis se agravó durante el conflicto social de la pasada administración, cuando ejidatarios tomaron la presidencia municipal por más de un año y acusan que el servicio se suspendió de manera intencional como medida de presión política, deteriorando aún más la infraestructura hidráulica.

Los afectados exigieron una solución definitiva, pues consideran insuficiente la distribución parcial y temporal de agua. “Este problema lleva años y ahora empeoró; antes el agua llegaba cada 10 o 15 días, ahora llevamos más de un mes sin una gota. Estamos cansados de comprar agua cara y vivir así”, denunció un vecino.

El Sistema de Agua Potable pidió comprensión y aseguró que trabaja en la reparación de la bomba dañada para restablecer el servicio lo antes posible, aunque no precisó una fecha para su normalización.