Propone medidas cautelares ante el incremento del flujo migratorio en la frontera norte

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) la implementación de medidas cautelares ante el incremento del flujo migratorio de personas provenientes del continente africano y de Haití en las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California.

A través de un comunicado, el organismo detalló que las medidas cautelares fueron emitidas por la CNDH a Sedesol el pasado 4 de octubre; y a Segob y SRE un día después.

La CNDH destacó que algunos extranjeros, que se internan a nuestro país por la frontera sur y llegan a las mencionadas ciudades, se encuentran en situación de calle y no pueden cubrir sus necesidades básicas, especialmente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, en tanto esperan ser atendidos por las autoridades estadunidenses, quienes reciben en promedio a 60 personas al día, cuando diariamente llegan a Tijuana y Mexicali entre 280 y 300 personas, y en ocasiones el número es mayor.

Este organismo considera imperiosa la necesidad de que, en forma coordinada entre las autoridades federales y locales de Baja California, se implementen medidas urgentes a fin de garantizar la adecuada ayuda humanitaria, dijo la Comisión.

En la solicitud de medidas cautelares se pide a la Segob que, en coordinación con las autoridades federales, de Baja California, y municipales de Tijuana y Mexicali, apoye a los albergues para que puedan brindar alojamiento temporal, alimentación y aseo a la población migrante, así como habilitar lugares de pernocta con iguales servicios y atención médica-sicológica, especialmente a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

Además, le solicita que en coordinación con la SRE establezca una estrategia común para hacer frente a flujos migratorios intensos, en la que se tenga como eje principal el pleno respeto a los derechos humanos.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores se solicita que, mediante la vía diplomática, negocie y logre acuerdos con los países involucrados en este caso, para hallar una salida al problema, así como lograr acuerdos con autoridades estadunidenses para que con un enfoque de responsabilidad compartida, aceleren el proceso de atención y aumenten la recepción del número de solicitudes de asilo.

En cuanto a la Sedesol, se le pide coordinación con las autoridades estatales y municipales para brindar apoyos a los albergues, además de habilitar lugares de alojamiento donde se proporcione alimentación, aseo y atención médica-sicológica, especialmente a grupos vulnerables.

La Secretaría de Gobernación ya aceptó las medidas cautelares, mientras que la SRE comunicó a la CNDH que el oficio de aceptación será enviado mañana.

PRD y PT sostienen que la propuesta del senador panista sólo generaría mayor violencia en el país

Fuerzas de izquierda como el PRD y el Partido del Trabajo se pronunciaron contra la iniciativa de ley propuesta por el senador del PAN Jorge Luis Preciado, la cual autorizaría a los ciudadanos a portar armas en su casa, negocio y vehículo.

Para ambas fuerzas de izquierda México “no es el Viejo Oeste” y tampoco vale la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente.

Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldar una idea en ese sentido equivaldría a aceptar que la gente se hiciera justicia por propia mano, por lo que a través de su vicecoordinador en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, el partido del sol azteca adelantó que no acompañará ninguna propuesta que pretenda combatir al crimen y a la inseguridad con más violencia.

 “¡No podemos avalar que la población se haga justicia de propia mano! ¡No estamos en el viejo oeste ni mucho menos queremos malas copias de Donald Trump para defender la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos! ¡Si es precisamente contra lo que estamos luchando!, apuntó ayer el legislador perredista al fijar una postura oficial sobre lo anunciado por el legislador panista.

En tanto, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo sostuvo que la apuesta del senador Preciado es un error, ya que una medida así sólo contribuirá a generar mayor violencia de la que ya existe en el país; ejemplo de ello son las cifras en cuanto a homicidios en Estados Unidos.

REPLANTEAR ESTRATEGIA DE COMBATE AL CRIMEN

En opinión del coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lo que se tiene que hacer, de manera urgente, es replantear la estrategia de combate a la inseguridad y la violencia, porque está claro que ha fracasado.

Frente a ello, destacó el petista, las fuerzas políticas y los ciudadanos deben formular la exigencia al gobierno de la República.

 “Es necesario que tanto ciudadanos como partidos exijan el replanteamiento de una estrategia real de combate a la inseguridad, la reestructuración del sistema judicial y el establecimiento de políticas públicas enfocadas al desarrollo integral de los mexicanos; el gobierno está obligado a escuchar las demandas de la ciudadanía y atenderlas, la realidad es irrefutable: 7 de cada 10 se siente inseguro en su ciudad, según una encuesta del INEGI recientemente publicada”, expuso Anaya Gutiérrez.

Ante los altos índices delictivos en todo el país, el senador del PAN, Jorge Luis Preciado propuso reformas a la Constitución y a la Ley de armas de fuego y explosivos para permitir la portación de armas de fuego en autos, casas y negocios y poder usarse en defensa propia.

A través de una iniciativa que reconoció “es polémica”, el senador panista consideró conveniente reformar la Constitución Política Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para permitir que las personas también puedan poseer armas en su negocio y/o en su automóvil particular para ayudar en su seguridad y defensa, siempre y cuando se acredite la necesidad de portar armas.

 “Los mexicanos tenemos derecho a la legítima defensa y si un delincuente se mete a mi casa o a mi negocio va a saber que del otro lado hay alguien que se pueda defender”, señaló en conferencia de prensa el senador por Colima.

En el texto del proyecto aclara que únicamente se permitirá la posesión de armas de fuego en negocios mercantiles y en automóviles particulares para su seguridad y legítima defensa, como está permitido en los domicilios, siempre y cuando los interesados cumplan con los requisitos que señala la Ley Federal de la materia.

Es decir que serían las Secretarías de la Defensa Nacional y Gobernación las encargadas de otorgar los permisos para la portación de armas y para ello, propuso hacer un estudio físico y psicológico de los solicitantes y que acrediten plenamente para qué requieren un arma de fuego en su negocio, domicilio o vehículo.