El chivo de la corrupción ^Destacado

A Javier Duarte de Ochoa, desde muy temprano empezaron a notarle sus habilidades para la desviación de fondos públicos. Rodeado de colaboradores eficaces para las maniobras sucias, creó figuras “morales” fantasmas para encubrir el inmenso saqueo que se propuso deliberadamente.

Su fin: sumir en la más grande ruina política, económica, moral y financiera a Veracruz, estado socorrido en los últimos sexenios por gobernantes corruptos que, gracias a la complicidad de las instituciones locales y federales, han sido exonerados e incluso, premiados con otros cargos públicos.

Quienes han vivido de cerca la crisis de esa entidad, no dudan en ofrecer pruebas del vandalismo institucional que encabezó Duarte hasta que decidió presentar licencia definitiva al cargo de gobernador.

No ha sido necesario rebuscar en la cuenta pública de cada institución involucrada en el robo, datos y cifras para confirmar las acusaciones en contra del mandatario que a pesar de su retiro, parece estar dispuesto a hacer uso permanente de la coerción sobre los órganos domésticos que le investigan, para evitar su confinamiento.

La deuda pública de Veracruz se acentuó con la llegada de Duarte de Ochoa; a los pocos
meses, las arcas estaban vacías, a tal grado que no había recursos siquiera para pagar la nómina del estado.

Empresarios, productores, comerciantes y prestadores de servicios, maestros y burócratas exigían el pago por las adquisiciones que se hicieron en los primeros meses y el pago de salarios. Fueron desoídos y lo peor: perseguidos por las fuerzas del orden que para entonces, ya estaban ligadas con grupos criminales.

Han sido éstos últimos los que han cargado con la acusación de la muerte de cientos de civiles, entre éstos, casi dos docenas de periodistas y muchos luchadores sociales inconformes con la administración del ahora exgobernador, cuya familia no estuvo exenta del mal uso de los recursos públicos.

A ésta se le atribuye la compra, vía prestanombres, de propiedades en otros estados y el extranjero y de la apertura de cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Islas Caimán y Panamá, por citar algunos ejemplos.

A Duarte hay que reconocerle su habilidad para robar, pero no para esconder sus huellas. Una de sus últimas pifias fue anunciar públicamente que había recibido, mediante “herencia”, propiedades y cuentas bancarias de uno de sus subordinados.

Pretendió con ello gastar a manos llenas el dinero robado a los veracruzanos, quienes estarían, según él, obligados a respetar la voluntad de un generoso funcionario que antes de ser miembro del gabinete estatal, no tenía dónde caer muerto… Y ahora, heredaba una enorme fortuna a su jefe. Con ello, el exgobernador veracruzano mostró el grado de estupidez en que se desenvuelve.

El clima de inseguridad en la vecina entidad no puede escapar a la larga lista de males que ha dejado dolor y muerte en cada municipio. Los cálculos de expertos en la materia indican que por lo menos, ocho de cada 10 policías de Veracruz, están implicados en los miles de asesinatos ocurridos durante la gestión de Duarte. Cinco de éstos, contra su voluntad, pues eran obligados por los altos mandos quienes a su vez, recibían la instrucción del gobernador.

Ahora bien, ¿es privativo solo de Veracruz el altísimo grado de corrupción que obligó al gobernante a solicitar licencia para enfrentar las sólidas acusaciones en su contra? No. Por desgracia, en la mayoría de estados mexicanos, dicha práctica es cotidiana y preocupante.

Los últimos datos sobre transparencia en el país son abrumadores: en 19 estados, las cuentas públicas siguen siendo ejercidas sin control y bajo mecanismos dudosos, de los que se desprenden serias sospechas de corrupción. Solo seis han cumplido con los protocolos, dejando de todas formas, explicaciones pendientes. En el resto la cosa es peor: ni siquiera han presentado documentación que avale el buen ejercicio del erario.

Paradójicamente, todos los días leemos y escuchamos sendos discursos contra la corrupción. Nos dicen que se ha avanzado, que cada vez son menos los funcionarios que roban, en fin. Pero la realidad es otra; la verdad es que seguimos siendo saqueados por hombres y mujeres dentro de la estructura del poder. Y eso es grave, preocupante.

Duarte se ha ido; tardíamente. ¿Es su retiro el principio de su fin como ladrón institucional? ¿Es, su probable encarcelamiento, el fin de todos los corruptos, empezando por el presidente de la república? No. Más bien parece el chivo expiatorio de todo el aparato gubernamental. Porque muchos otros siguen robando a sus anchas. Así, nunca se erradicará la corrupción.