El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la 69ª Legislatura, Ismael Brito Mazariegos, presentó su renuncia al Congreso del Estado, en un gesto que podría interpretarse como una señal de alejamiento de las dinámicas políticas tradicionales que han marcado la historia reciente de Chiapas.

Brito Mazariegos, quien durante su gestión ha sido parte de un sistema político profundamente marcado por la corrupción y los intereses de las élites económicas, decidió dar un paso atrás en su carrera política tras una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez, en la que destacó la "empatía y sensibilidad" del mandatario ante sus problemas de salud.

"Fue un honor escuchar sus enriquecedoras experiencias de vida y conocer su firme compromiso con el bienestar de Chiapas", escribió el legislador en sus redes sociales, una frase que puede verse como un intento de justificar su salida a través de una narrativa que busca apelar a la buena voluntad del poder institucional.

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Sin embargo, su mensaje de agradecimiento no se limita a Ramírez, sino que también menciona a otros actores políticos como el presidente del Congreso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén Guillén, con quienes, según él, compartió "una amena y enriquecedora charla".

Este tipo de declaraciones, por más que intenten dar una imagen de cordialidad política, no logran ocultar las profundas contradicciones que existen entre los discursos de "compromiso con el pueblo" y las decisiones tomadas dentro de un Congreso que, como muchos otros, sigue estando alejado de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. La renuncia de Brito Mazariegos es un recordatorio más de cómo los políticos, una vez que no pueden o no quieren seguir alimentando el sistema que los apoya, optan por retirarse de manera diplomática, dejando intactas las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.– En un acto de gran trascendencia para la salud de los pueblos originarios, el Secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, entregó el nombramiento a Miguel Valdés Galán como nuevo jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número II de San Cristóbal de Las Casas. Con un claro enfoque en mejorar las condiciones sanitarias en la Región Altos Tsotsil-Tseltal, Gómez Cruz destacó la elección de Valdés Galán por su cercanía con los grupos sociales, un perfil que, según él, es fundamental para lograr un verdadero cambio en las expectativas de salud de la región.

"Necesitamos a alguien con un vínculo genuino con la gente, que comprenda las realidades de nuestros pueblos originarios y trabaje incansablemente para mejorar su bienestar. Miguel Valdés es esa persona, alguien comprometido con la transformación de la salud en un sector que tanto lo necesita", aseguró el secretario de Salud.

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Este nombramiento llega en un momento crucial para la salud pública de los pueblos originarios, una comunidad que históricamente ha enfrentado grandes desafíos en el acceso a servicios de salud. Con este nuevo liderazgo, se espera un giro radical que podría redefinir la atención sanitaria en una de las zonas más emblemáticas de Chiapas.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que este miércoles, tres de sus integrantes fueron agredidos por miembros del grupo paramilitar PAPICH en la cabecera municipal de Altamirano, Chiapas. Los agredidos, Antonio Rodríguez Gómez, José Antonio Rodríguez Gómez y Domingo Gómez Rodríguez, fueron atacados mientras se encontraban en el panteón municipal.

Según el comunicado del FNLS, el grupo paramilitar PAPICH ha incurrido en actos de violencia y amenazas en la región. La organización pide a la opinión pública que se solidarice con las víctimas de la agresión y que se exijan medidas para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos en la región.

Además, se reportó la quema de un vehículo a la altura de la comunidad Río Florido, en Ocosingo. El FNLS atribuye este acto de violencia al grupo paramilitar PAPICH.

El FNLS ha denunciado anteriormente actos de violencia y represión en la región, y ha pedido la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. La organización sigue exigiendo justicia y seguridad para las comunidades afectadas.

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