Entre episodios de discriminación, abuso sexual y corrupción es como encuentran inmerso las y los reclusos del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número 3, 4 y 14, denunció la fundación Unidas por la Sangre.

En entrevista, Jasivi Gómez, integrante de Unidas por la Sangre, informó que durante el 2016 la fundación realizó una investigación en reclusorios de los penales número 3 en Tapachula, 4 en San Cristóbal y 14 en Cintalapa, en la cual se observó y documentó el abuso contra los derechos humanos de las y los encarcelados.

En este sentido, señaló que dentro de las penitenciarías chiapanecas existe un cerco clasista contenido de una de cuádruple discriminación, donde las mujeres resultan ser las más afectadas por el factor socio cultural, educativo y económico.

“Muchas de estas mujeres tuvieron procesos legales irregulares sin la intervención de un traductor, por lo que jamás supieron ni si quiera lo que estaban firmando”, resaltó.

Ante la problemática, expuso que las autoridades correspondientes están muy alejadas de conocer las verdaderas necesidades que las y los condenados en la entidad requieren.

A lo anterior, agregó dentro de las investigaciones se puedo especificar que dos de las penitenciarías son mixtas y una exclusivamente a personas del sexo femenino; estudio que resalta la violencia física y verbal de los que se ven sujetas las más de 186 mujeres y 31 hombres con alguna discapacidad mental de los reclusorios ya mencionados.

“De los 15 Cers establecidos en Chiapas, ninguno brinda a las mujeres y hombres los elementos necesarios y básicos para aspirar a la libertad y a una reinserción social que contenga un plan efectivo reformatorio”, comentó.

De acuerdo a las indagatorias, explicó que la mayor parte de las reclusas lo están por delitos contra la salud, robo, trata de blancas, secuestro y extorsión.

Respecto al perfil, indicó que el promedio de edad de las internas oscila entre los 21 y 28 años, de las cuales son casadas o comparten la unión libre y donde cada una tiene tres o más hijos, siendo el factor escolar un precursor social, ya que la mayoría cuenta con un nivel de educación básico.

“En un 85 por ciento de estas mujeres son de clases social baja, y antes de ingresar al penal se dedicaban a labores del hogar, vendiendo algún producto o como empleadas con prestaciones nulas, lidiando al mismo tiempo problemas de violencia integral”, formuló.

Asimismo, sostuvo que el 52 por ciento ha declarado haber vivido en las calles antes de ser menores de edad y el 100 por ciento de las mismas han señalado haber sufrido abusos sexuales de parte de familiares o allegados.

La piel de cocodrilo y los huevos de tortugas son de las especies mayormente traficadas de forma ilegal en la entidad chiapaneca, según dio a conocer el delegado federal en Chiapas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Amado Ríos Valdez

“El tráfico de tales especies es tal, que resulta difícil conocer con certeza el número de vidas silvestres que a diario salen del estado”, remarcó.

En este sentido, apuntó que Chiapas representa el 3.74 por ciento de la superficie del país, cifra minúscula cuando se le compara con el 50 por ciento de toda la flora y fauna del país que habita en el estado.

“En la entidad se han registrado aproximadamente mil 500 especies de vertebrados terrestres; entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que a su vez van acompañados de 10 mil especies de plantas”, describió.

A esto, destacó que dentro de la selva Lacandona es donde se alberga a casi el 50 por ciento de la flora y fauna del estado, la cual es convertida en un lugar común para cometer delitos contra la biodiversidad.

“Es importante mencionar nivel mundial se ha establecido que el tráfico de vidas silvestres ocupa el segundo lugar en cuanto a captación de recursos económicos solo después del narcotráfico”, dijo.

·         Cubre la ruta Tuxtla-San Fernando; las unidades están en pésimas condiciones y en cualquier momento va a ocurrir una tragedia; pide su salida de la región

Pobladores del municipio de San Fernando se pronunciaron por la salida de la empresa de transportes "Nandalumí" derivado de los malos tratos de sus operadores, además de las pésimas condiciones en que operan sus unidades las cuales constantemente dejan a los pasajeros prácticamente tirados a mitad de camino.

José Aquiles Castro, agente municipal de la rivera “El Progreso”, del municipio de San Fernando,  precisó que hace años los pobladores de esta comunidad ante la ausencia de un transporte adecuado recurrieron a la sociedad cooperativa "Nandalumí" para que prestara el servicio, sin embargo hace ya más de 4 años el convenio que había firmado prácticamente concluyó, por lo que ahora piden que la empresa salga de la comunidad y deja de brindar el servicio.

Recordaron, que durante el tiempo en que esta empresa brindo el servicio de Tuxtla a San Fernando, eran constantes las fallas mecánicas de las unidades quedando prácticamente tirados en la carretera, situación a la que se agrega en el mal trato que recibía el pasaje por parte de los conductores, el sobrecupo de pasajeros y los constantes accidentes en los cuales prácticamente la empresa no cubrió los gastos generados en las personas lesionadas.

Indicaron  que ante este hecho determinaron los habitantes de la rivera "El Progreso"  la conformación de la sociedad cooperativa denominada "Manantiales del Sur", misma que presta el servicio con 47 unidades totalmente nuevas climatizadas y brindando un buen servicio la población.

Esta situación generó molestias entre los socios de la empresa "Nandalumí" y que en contubernio con autoridades de transporte han dado inicio a la cacería y retención de forma ilegal de las unidades de los ejidatarios, destacándose que hasta el momento permanecen retenidas en un corralón tres unidades.

Ante este hecho, piden el apoyo de las autoridades correspondientes para que esta empresa salga de San Fernando y regresé a su ruta original que es la de Tuxtla- Chiapa de Corzo, y les permita a los socios de "Manantiales del Sur" trabajar libremente ya que aseguran contar con el apoyo de los agentes municipales, comisariados ejidales y la población en general de El Progreso.