San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Indígenas de distintas comunidades y pueblos de Chiapas, hablantes de las lenguas tsotsil, tzeltal, tojolabal entre otras, denunciaron el robo y descaro del despojo de las candidaturas indígenas en la mayoría de los 5 Distritos Electorales Federales, durante el pasado proceso electoral del 1 de julio.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa Marcos Xilón; Mateo Águilar Cruz, del Distrito de Las Margaritas y Julián Méndez Córdova, del Distrito de Ocosingo, quienes denunciaron que estos espacios que les corresponde fueron ocupados por candidatos no indígenas propuestos por las distintas coaliciones y partidos políticos, burlándose de la ley electoral y abusando de la identidad indígena por autoadscripción.
"Como es el caso de Humberto Pedrero Moreno, Roberto Antonio Rubio Montejo, entre otros más, que falsificaron firmas, usurparon funciones e identidades para cumplir con los requisitos de vinculación comunitaria y ser acreedor de las candidaturas indígenas en los Distritos Electorales Indígenas”.
El abogado tzotzil dijo que han hecho lo correspondiente para impugnar las elecciones en los distritos donde se violaron estos procesos y que esperan una respuesta de las autoridades o del tribunal apegado a derecho.
Urgieron a los Tribunales Electorales que al momento de pronunciarse respecto a los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas, garanticen y se apeguen a los principios de los derechos humanos y a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, privilegiando en todo momento la voluntad del pueblo de proponer y elegir a sus representantes con base a sus sistemas normativos propios, o por lo menos garantice la reparación del daño al ser usurpados sus espacios políticos electorales.
Derivado de lo anterior, propusieron algunas salidas, o curaciones frente a este etnocidio cometido en grado de tentativa donde intervinieron autores directos en forma de acción dolosa, que deben ser tomados en cuenta en la “Cuarta Transformación de Chiapas y México”.
Entre las propuestas está que en esta “Cuarta Transformación de México”, se incluya en la Agenda Legislativa la obligación de velar sobre la materialización de los derechos políticos electorales. Así como de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas, generando políticas públicas incluyentes y transversales, pero, sobre todo, acciones afirmativas para garantizar la igualdad y la equidad en el ejercicio de los derechos y de la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Destacaron que todos los espacios de gobierno o instituciones indígenas dentro de la administración pública federal y local, deben ser ocupadas por indígenas que conozcan la cultura y hablen la lengua, así como tener un vínculo real con las comunidades y pueblos indígenas.
Los inconformes pidieron al Congreso de la Unión, vigentes y entrantes, a través de las Comisiones de Asuntos Indígenas en ambas Cámaras para que lleven a cabo las reformas pertinentes a las disposiciones electorales en materia de representación y representatividad indígena, estableciendo criterios más adecuados (como son la lengua, la pertenencia territorial, la consciencia y la cosmovisión) para acreditar la calidad indígena.
Así también la representación en las fórmulas uninominales y plurinominales en las Diputaciones y en las Senadurías de la República, tomando en cuenta las distritaciones indígenas y las circunscripciones indígenas.
"Exigimos que modifiquen, adicionen o deroguen las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos para garantizar la participación de los indígenas con equidad de género en las contiendas electorales, empezando con el registro de precandidatos y candidatos; por ejemplo, la modificación y adición de las siguientes disposiciones".
Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables, acotaron.
