Del 3 al 5 de abril la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), llevará a cabo el Septimo Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios, con el lema “El desarrollo nacional y los profesionales de la información: una visión actual para el futuro”. 

En entrevista Héctor Dionicio Cruz, jefe del Archivo Histórico y de Servicios Bibliotecarios de la Facultad de Derecho de esta ciudad, dijo que el objetivo del Congreso será analizar las fortalezas, las aportaciones y los desafíos de los profesionales de la información para enfrentar las problemáticas del desarrollo nacional.

Así también proponer los enlaces necesarios para la profesionalización de las bibliotecas, sobre todo universitarias, así como nuevos enlaces y el fortalecimiento de los lazos de unión.

Refirió que la importancia del Congreso es que reunirá a todos los bibliotecarios del país y del extranjero, así también contará con la participación de American Library Association y de otras acciones nacionales e internacionales.

Indicó que este evento está organizado por el doctor Arturo Sánchez López, quien es director general del sistema de bibliotecas de la Unach.

"El acto inaugural tendrá lugar el día 3 de abril en el Aula Magna de la Facultad de Derecho con la conferencia que impartirá Loyda García, de American Library Association, organismo que engloba todas las bibliotecas de los EEUU", mencionó.

Finalmente refirió que entre los invitados estarán presentes Carlos Natarén Nadayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach); la representación de American Library Association, doctora Elsa Margarita Ramírez; la directora general de bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), entre otras personalidades nacionales e internacionales.

El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", (Frayba), denunció que la militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en México.

A través de un comunicado indicó que a más de 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, persiste el riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán en Chiapas.

“La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad, un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998”, aseveró.

Refirió que la presencia del ejército mexicano en las comunidades han significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía.

“El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario del Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal, Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivó a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos, esto durante el gobierno de Manuel Velasco Coello”, aseguró el Frayba.

Así también recordó que la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la cabecera de Chalchihuitán en diciembre de 2017, no detuvo el asedio de grupos armados y tampoco garantizó ayuda humanitaria integral a las 5 mil 266 personas víctimas de desplazamiento forzado de 9 comunidades de Chalchihuitán y una de Chenalhó.

"El 1 de mayo de 2018 se instaló una BOM en Saclum pero persistieron las agresiones con armas de fuego, 17 de las 22 personas asesinadas de Santa Martha y 2 de las 5 personas asesinadas de Aldama fueron en ataques posteriores a la instalación de elementos policiacos y militares en la zona, lo anterior, con la omisión de militares de la VII Región Militar al mando del Comandante Carlos Ramón Carrillo del Villar", mencionó.

Destacó que el 23 de enero de 2019 se instaló una BOM, en la comunidad de Coco, en el municipio de Aldama, en donde los soldados de la VII Región Militar son los responsables de garantizar la seguridad a la población de Aldama y Santa Martha, esta medida "disuasiva" también fracasó, las fotografías de militares en el paisaje campesino denota una zona de guerra en un país que se dice “democrático.”

“La población más vulnerable en medio de la crisis humanitaria por conflictos administrados por el Estado mexicano, son las mujeres con sus hijos e hijas; en desplazamiento forzado, sin atención médica, sin acceso a la escuela, sin alimentación adecuada, bajo la amenaza de disparos cuando transitan por los senderos o incluso en su casa, el 16 de enero de 2019, Apolonia Santíz López, fue herida cuando se encontraba en su patio, en la comunidad Cotsilnam, hasta el momento la bala permanece en su pómulo por no tener acceso a una adecuada atención en salud", aseguró.

Otra víctima dijeron es Rosa Hernández de 65 años de edad, quien recibió una herida de bala el 23 de febrero de 2019, mientras se encontraba cortando leña en Tabak, y el 24 de marzo de 2019 un niño de 3 años resultó herido durante un ataque armado también en Tabak "uno de los disparos atravesó la tabla de una casa donde se encontraba el menor Armando Santos.

Finalmente el organismo afirmó que la población de comunidades que han sido desplazadas en Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, se encuentran en terror constante ante el miedo del accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó, por lo que urge se investiguen a estos grupos civiles armados con el fin de lograr su identificación, desarme y desarticulación.

Solicitarán ante el Congreso del Estado la destitución de la presidenta y el sindico municipal.

Habitantes del municipio de Chalchihuitán, dieron a conocer que pedirán al Congreso del Estado la destitución inmediata de la presidenta municipal Margarita Díaz García y del síndico Hermelindo González Núñez, por el abandono total de sus funciones y la falta de capacidad para gobernar ese municipio.

En conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de Las Casas Marco Pérez Gómez, vocero de los inconformes, dijo que la noche del sábado realizaron una asamblea general los agentes de las 38 comunidades encabezado por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales Jorge Pérez, a la cual había sido citado el síndico para que hiciera las aclaraciones sobre las diferentes obras que no se han hecho en Chalchihuitán.

“Los agentes rurales empezaron a manifestar sus inconformidades por la ausencia de las autoridades del Ayuntamiento, todos coincidieron que hace más de una semana la presidenta y el síndico han abandonado sus funciones sin justificación alguna, después de una amplia discusión y análisis respecto a las malas acciones del ayuntamiento hacia las comunidades, se acordó por unanimidad instalar una mesa de debate y elaborar un documento para solicitar la destitución o revocación del Ayuntamiento ante el Congreso del estado”, indicó.

Refirieron que este lunes viajarán a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para entregar el documento del cual entregarán una copia a la Secretaría General del Gobierno del Estado,“el oficio está firmado por todos los agentes rurales y se van recabar las firmas de los habitantes de cada comunidad para integrarla y pedir que se cree un Consejo Municipal”.

Finalmente mencionaron que la presidenta ha hecho caso omiso de las constantes denuncias vertidas en contra del síndico municipal sobre las retenciones, destrucción de campamentos de los desplazados, expulsión, destrucción de 5 casas, hostigamiento, robo de sueldos a ex policías y el no reconocimiento a tres nuevas comunidades que son: Nueva Vista, Pueblo Nuevo y Neolum.