Pobladores de ejidos y comunidades zoques aseguraron que no permitirán la entrada de empresas transnacionales al municipio Francisco León, donde pretenden hacer siete pozos petroleros, lo que afectaría alrededor de 32 mil hectáreas, equivalente a más de 400 kilómetros.
En conferencia de prensa en esta ciudad capital, José Guadalupe Náñez Bravo, agente municipal del ejido San Miguel Las Sardinas, municipio de Francisco León, lamentó que las autoridades federales y del estado no los tomen en cuenta, y sólo simulen que efectuarán una consulta popular para echar andar dicho proyecto.
De hecho, reveló que en los últimos tiempos han aterrizado varios helicópteros con el argumento de que estudiarán la vegetación y las aguas de la zona, “pero eso es mentira, quieren empezar ese estudio en nuestros arroyos para comenzar con su proyecto”.
Acompañado de otras autoridades ejidales de varios municipios como Ocotepec, Chapultenango, Copainalá, Tecpatán, entre otros, criticó la postura del Ayuntamiento, encabezado por Gloria Domínguez, el cual tampoco los ha requerido para analizar el impacto de ese “proyecto ‘de muerte’ del presidente Enrique Peña Nieto, pues de forma engañosa pretenden entrar a nuestra localidad”.
Afirmó que incluso interpusieron un amparo a un tribunal ante un juez de distrito en Tuxtla Gutiérrez, el cual lo canalizó a Saltillo, Coahuila, donde se le da el fallo a favor de los solicitantes para que se respete su derecho, “pero no nos lo están haciendo valer”.
De hecho, recordó que el sábado pasado arribó a la zona Eduardo Martínez, secretario de Energía, con la intención de anunciar una convocatoria para la supuesta consulta, “pero ésta no cumple con los requisitos legales, porque para empezar llegan hoy y ya quieren entrar mañana, y así no es”.
Por ello, enfatizó que están en contra de la explotación de los recursos naturales de la región, “porque sabemos los grandes daños que acarreará ello, sobre todo con el uso de técnicas como el ‘fracking’, cuando sabemos que es muy dañina, y recordemos: para extraer un gramo de oro, se necesitan 300 litros de agua… nos quieren dejar sin nada, contaminar nuestras aguas, nuestros suelo, pero no lo permitiremos”.
Descartó que como gente de escasos recursos recibirán algunos “apoyos” como pavimentación de caminos u otros relativos a las materias de salud y educación, cuando eso, consideró, es una obligación de la autoridad otorgárselos, “porque es su deber, nosotros ya pagamos para que nos den eso a través de nuestros impuestos, de nuestro trabajo”.
Ante la grave contaminación que se avecina, se cuestionó: “¿Cómo nos van a purificar el aire o el agua después de que queden contaminados? No necesitamos migajas, y no hay dinero en el mundo que pueda dejar nuestra casa común como estaba”.
“Esto es una agresión de muerte. No podemos decirles en estos momentos que nos defenderemos con armas, o por medio de Derechos Humanos o a través de la ley, lo único que sabemos es que nos defenderemos, y eso aún lo vamos a ver, y yo, al menos, estoy dispuesto a dar la vida si es posible”, concluyó.
