* Otro escándalo arrastra a este organismo; ahora porque dicen que trató de cobrar por cursos de capacitación. El organismo lo niega.

Criticada por su incapacidad para garantizar los derechos humanos de los chiapanecos y por el protagonismo de la visitadora Jackeline Sauza Marín quien es prácticamente la que gobierna en ese organismo, la Comisión de Derechos Humanos ha sido arrastrada por otro escándalo, como si no fuera suficiente con los muchos que ya tiene.

El desorden corroe las entrañas de este organismo. Hay un Ombudsman que sólo figura en la nómina con un sueldo de casi 160 mil pesos al mes, pero que no opera en favor de los chiapanecos. Es un burócrata holgazán y rezongón.

Las versiones en la calle es que nunca antes la CEDH había vivido una crisis como la actual. Sólo se sabe de la visitadora Jackeline Sauza porque todos los días llegan comunicados a las redacciones de los diarios, pero del defensor del pueblo, el que cobra con los impuestos de los chiapanecos, nada se sabe, salvo sus viajes de placer en Baja California Sur.

Hay barruntos de una corrupción escandalosa porque el Ombudsman tendría a toda su familia en la nómina. Es una lista interminable de aviadores. Incluso ya se organizan grupos sociales para pedir al Congreso del Estado la destitución de Juan Oscar Trinidad Palacios.

A continuación el comunicado:

La  Comisión Estatal de los derechos Humanos es un órgano público que actúa de buena fe, salvaguarda de los derechos e incansable promotor a través de la capacitación, porque creemos que solo así, podremos tener la plena seguridad que la sociedad conozca los alcances, del bien tutelado, a través de su difusión y divulgación.

Esta Comisión condena y lamenta la publicación de un documento apócrifo en la que de manera tendenciosa se ha querido involucrar a este organismo protector de los derechos humanos, toda vez, que en el contenido tratan de evidenciar de manera inverosímil un presunto cobro por gastos de alimentación y hospedaje para la realización de un evento de capacitación a la escuela Telesecundaria No. 174, “Justo Sierra”, de la comunidad Chocoljaito, municipio de Palenque, mismo documento que lleva como destinatario a un Director que no existe, ya que desde hace tres años es una Directora; aunado a lo anterior no existen antecedentes de registro de solitud alguna de la escuela en referencia.

Cabe hacer mención que la firma del Director Encargado en el supuesto oficio de respuesta, fue manipulada digitalmente, así mismo, se tuvo conocimiento de manera oficial que la Directora de la mencionada Telesecundaria No. 174 es la Profra. Cristina García Mendoza y no el Prof. Romel Antonio Guillén Pérez, como aparece en los supuestos oficios, además  en la Supervisoría de Zona de la Secretaría de Educación del Estado no lo conocen, dicho que fue confirmado por la misma directora.

El Lic. Sergio Enrique Serrano Alfaro, Director Encargado y supuesto firmante del falso oficio, presenta hoy una denuncia penal  a las autoridades correspondientes  por falsificación de firma  y de documentos oficiales contra quien resulte responsable, además de solicitar a nuestro órgano de Control Interno se inicie la investigación correspondiente.

La Comisión Estatal informa que, de acuerdo a lo que establece la ley de la materia, sus servicios son gratuitos para cualquier entidad pública o privada que lo solicite, sobre todo si se trata de la promoción y difusión de los derechos humanos, como una de sus finalidades principales; es menester informar que solo en el mes de octubre pasado se llevaron a cabo más de 40 acciones de capacitación en  todo el Estado, con aproximadamente 1,500 beneficiados sin costo alguno para ellos,  de esta forma trabajamos en cumplimiento de nuestras obligaciones.

La presente acción intenta afectar y vulnerar nuestro  trabajo como  órgano ciudadano,  por lo que pedimos a quien tenga alguna información al respecto  se comunique a los  teléfonos 01800 5528242 y 961 60 28980 para cualquier aclaración sobre el particular o cualquier otra  denuncia  donde se pida dinero por nuestros servicios. 

INVASIONES EN TUXTLA

            Tuxtla enfrenta un crecimiento demográfico anárquico  a partir de hace tres décadas. La gente de otros municipios empezó a llegar para echar raíz y buscando una mejor vida porque, al ser la capital, las opciones se ensanchan.

También contribuyó significativamente la gigantesca construcción de las presas hidroeléctricas, sobre todo la de Chicoasén.

Ingenieros y funcionarios de Comisión Federal de Electricidad fueron designados para llevar a cabo esas obras. Muchos obreros de otros estados también llegaron para incorporarse debido a los jugosos salarios que se pagaban. La gran mayoría ya no regresó a sus lugares de orígenes.

Pero el problema mayúsculo que detonó el desarrollo poblacional irregular en Tuxtla es el de las invasiones.  Así brotaron cientos de colonias que al paso del tiempo se regularizaron y un ejemplo emblemático es Patria Nueva,  ese núcleo que nació en los albores de los ochenta y que nos recuerda, por si pensábamos olvidarlo, el quintomundismo que asfixia a los pueblos de América Latina. No tenemos qué conocer las favelas de Brasil.

            Las invasiones no se pueden justificar con el argumento de la pobreza como pretextan los de falsa moralina y de ideales apócrifos. Una cosa es gimnasia y otra mayonesa y tendríamos que adentrarnos en un sesudo debate sin fin. La pobreza es tan antigua desde que Jesucristo predicaba el Evangelio.

            En el caso de las invasiones en Tuxtla hay un ingrediente central que es el del negocio al que se agregaron, durante larga época, la impunidad y la indolencia de las autoridades que estaban para servir a la gente y resguardar los intereses de todos, sin importar cuestiones de partido.

            Vivales se dedicaron a recolectar familias y, de la noche a la mañana, las lanzaron a posesionarse de ciertas áreas de la capital. Antes de ejecutar esa operación desde luego estudiaban las zonas a invadir. No es extraño observar que hasta los miradores del Cañón del Sumidero se poblaron con cinturones de miseria porque hubo una autoridad incompetente, apática e incluso cómplice de la ilegalidad y del abuso.

            La colonia Emiliano Zapata emergió en 2001 y es otro ejemplo de arbitrariedad que se incubó en el valemadrismo gubernamental. Una célula del terrorismo llamada MOCRI la fundó y desde entonces ha habido sangrientos conflictos que se agravaron en el gobierno anterior cuando una mujer fue asesinada a tiros. Los conflictos, desde luego, son por la hegemonía de la colonia.

            Resolver temas tan inextricables no es fácil, claro. Más si esos asuntos han sido heredados por gobiernos corruptos e insensibles que sólo se ocuparon en el atraco menos a gobernar, su deber primordial.

            En fechas recientes el predio Alta Luz Pakal fue rescatado de grupos inciviles que lo tomaron por asalto hace ocho meses. La acción policial fue calculada con bisturí, con oficio político  y al amparo de la legalidad y del Estado de Derecho para  no permitir la inmolación de quienes se dicen líderes políticos cuando en realidad son consumados delincuentes.

            Sectores del empresariado y la sociedad en general aplaudieron la determinación de la autoridad porque, al fin, empezamos a ver resultados tangibles de los problemas que enfrentan la capital y sus habitantes. Son muchos esos problemas, ciertamente, pero a diferencia del pasado hoy existe voluntad, decisión e interés para darles solución.