La mañana de hoy, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, el Grupo Táctico de la Policía Municipal de Ocosingo y peritos en criminalística, encabezados por Ministerios Públicos de la Fiscalía de Distrito Selva, ejecutaron órdenes de cateo en tres domicilios ubicados en la Comunidad Tzeltal Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, enclavada en la selva lacandona.

Derivado de las diversas denuncias realizadas por pobladores y autoridades de Nueva Palestina, quienes se quejaban de que en esos domicilios realizaban venta de enervantes y bebidas alcohólicas de manera clandestina, lo que había incrementado la violencia intrafamiliar y los accidentes de tránsito, principalmente de motocicletas. La Fiscalía de Distrito Selva y los tres niveles de gobierno ejecutaron órdenes de cateo en tres domicilios, los que ante los hallazgos encontrados fueron asegurados.

Con estas acciones el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, como titular de la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso con el pueblo de Chiapas, de llegar hasta los rincones más lejanos para combatir las causas que originan la comisión de delitos.

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La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Guardia Estatal Preventiva, puso a disposición a un masculino por la presunta comisión de delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el municipio de Cintalapa de Figueroa. 

En este sentido, durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, en las inmediaciones del Rancho El Agua de la colonia Emiliano Zapata de ese municipio, detuvieron Martín “N” a quién se le aseguró 01 fusil de asalto tipo “Cuerno de Chivo”, calibre 7.62 x 39 mm, 03 cargadores para cuerno de chivo  calibre 7.62 x 39 mm, 89 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 15 bolsitas de plástico que en su interior contienen sustancia granulosa con características similares a la droga conocida como cristal.

Por tal motivo, el detenido y objetos comprobación de ilícito fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de continuar trabajando en coordinación interinstitucional para salvaguardar, en todo momento, la seguridad de las y los chiapanecos.

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La justicia penal en San Luis Potosí padece una alarmante distorsión en sus prioridades. Mientras la Fiscalía local demuestra una celeridad implacable para procesar y encarcelar a comunicadores bajo la controversial regulación de identidad digital, la gran mayoría de las víctimas de crímenes graves en el estado topan con un muro de ineficacia burocrática. Datos recientes de la plataforma de análisis México Evalúa sitúan a San Luis Potosí entre los estados con mayor rezago judicial en el país, registrando un índice de impunidad del 93.2% en la resolución de casos. Esta realidad evidencia un aparato de seguridad pública que castiga con rapidez la disidencia digital mientras permite que la delincuencia de alto impacto opere al margen de la ley. [1, 2]

Radiografía de la Impunidad: Cifras de la Desproporción

• Efectividad Institucional Mínima: De acuerdo con los indicadores consolidados por México Evalúa, la efectividad promedio del sistema de justicia potosino es de apenas el 6.8% en la resolución efectiva de carpetas de investigación, quedando muy por debajo de la media nacional. [1]
• Violencia Organizada: Aunque informes oficiales del gobierno federal destacan disminuciones porcentuales en el promedio de homicidios dolosos, el Índice de Paz México ubica a San Luis Potosí con una de las calificaciones más desfavorables en delitos de la delincuencia organizada (4.792), multiplicando por tres la media nacional en este rubro. [1, 2]
• El Filtro de la Cifra Negra: Organismos civiles reportan que solo 6 de cada 100 delitos cometidos en el estado llegan a ser investigados por las autoridades. De este pequeño porcentaje que ingresa al sistema, las tasas de impunidad específica rozan niveles absolutos, alcanzando un 99.9% de olvido judicial en el robo simple y más del 94% en feminicidios. [1]

La Alerta Internacional ante la Prisión Preventiva

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Manuel “N” por el delito de Secuestro, cometido en contra de tres personas con identidades reservadas, ocurrido en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de Manuel “N”,  por lo que, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal le dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión, sin concederle ningún beneficio de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia humana y accesible, garantizando que las determinaciones emitidas por las personas juzgadoras contribuyan a que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.

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