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Ofrecen recompensa para dar con feminicida

Con el firme compromiso de hacer valer el principio de Cero Impunidad, en concordancia con las políticas públicas del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, firmó un acuerdo de recompensa por la cantidad de 500 mil pesos a quien proporcione información para la localización y detención de José Manuel Rubio Santini, alias “Tito”, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, en el municipio de Tapachula. 

 

Destacó que se hace uso de todas las herramientas jurídicas para lograr su detención; por ello, pidió a la población su colaboración para que José Manuel Rubio enfrente a la justicia.

 

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En San Cristóbal, aprehenden a cinco presuntos extorsionadores: FGE

  • Publicado en Roja

- Por hechos ocurridos en enero de 2025

 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Cirilo “N”, Manuel “N”, Alejandro “N”, Víctor “N” y Domingo “N”, como presuntos responsables del delito de extorsión, cometido en agravio de una persona del sexo masculino de identidad reservada, por hechos ocurridos en la ranchería Soledad Los Cerezos, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, en enero de 2025.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

 

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Resuelven conflicto por construcción de barda en Chamula

Autoridades comunitarias y estatales lograron resolver mediante el diálogo un conflicto derivado de la construcción de una barda en la localidad de Nichen I, municipio de Chamula, alcanzando un acuerdo entre las partes involucradas.
En la atención participaron los 18 comités de la localidad, en coordinación con el Juez de Paz Suplente, la Instancia de la Mujer, la Defensoría Pública, autoridades comunitarias y la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena.
Durante la verificación se detectaron diferencias en las medidas previamente acordadas para la apertura de una vialidad. Sin embargo, gracias a la disposición de las involucradas, se logró un consenso basado en el respeto mutuo.
El acuerdo alcanzado garantiza los derechos e integridad de ambas partes, así como la estabilidad y armonía dentro de la comunidad.
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