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Trabajadores de la Sedespi exigen ser restituidas

San Cristóbal de Las Casas. - Trabajadores de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del Estado de Chiapas, (Sedespi), denunciaron despidos injustificados y hostigamiento laboral desde el 2016 hasta la fecha por parte de  Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, secretario de dicha institución.

En conferencia de prensa Guadalupe Zavaleta Castillo, una las agraviadas dijo que desde el pasado 02 marzo de 2016 han sido objeto de acoso y hostigamiento laboral: Dulce Ángela López Martínez, Dolores Patricia Castellanos Zavala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo, Antonia Hernández Girón y Julio Cesar Méndez Sánchez, trabajadores de esta secretaría por parte del Secretario de la Dependencia Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, así también del Director de concertación y capacitación y servicios jurídicos  Marcos Shilón Gómez.

Señalaron que por más de un año los titulares de la dependencia  han violado constante y sistemáticamente sus derechos humanos por la condición de género y en especial a tener un trabajo digno en condiciones decorosas y sobre todo libres de toda acción dolosa que quebrante su dignidad e integridad personal.

Relataron que todo este conjunto de violaciones se suscitó, desde el  02 de marzo de 2016, cuando de forma deliberada y arbitraria, fueron levantadas sus tarjetas de control de asistencia, notificándoles de forma verbal  los funcionarios de la SEDESPI, "que nos encontrábamos despedidas por instrucciones del titular de la dependencia y checando desde ese momento en hojas de papel, el registro y control de nuestras entradas y salidas del trabajo a fin de no incurrir en ningún tipo de falta administrativa por nuestra parte". 

Ante las irregularidades cometidas y la falta de atención en la SEDESPI,  interpusieron una serie de peticiones ante las autoridades correspondientes, encontrado eco en sus denuncias en la Secretaría de Gobierno de fecha 18 de marzo 2016,  mediante la Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos a través de Francisco Fernando Pérez Robles, Director de Vinculación con Derechos Humanos, Trata de Personas y Discriminación.

“Quien nos otorgó medidas cautelares a efectos de suspender desde ese momento cualquier acción tendiente a un cese o despido injustificado así como cesar cualquier acto de hostigamiento laboral como pudieran ser comisiones que no estuvieran debidamente fundadas y motivadas”, aseveraron. 

A pesar de las medidas cautelares que se les  otorgó “no nos permitían el acceso a nuestras áreas de trabajo por lo que interpusimos  para la defensa de nuestros derechos humanos, el juicio de amparo indirecto radicado con el número de expediente 831/2016 ante  el juzgado primero de distrito de amparo y juicios federales en el estado de Chiapas.

Juicio que nos garantizó la protección de nuestros derechos mediante la suspensión definitiva de acto reclamado ( las comisiones ilegales),   ordenando que quede insubsistente el cese laboral de los quejosos con la autoridad responsable, así mismo se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a realizar un despido injustificado y hostigamiento laboral, como pudiera ser las comisiones, agregaron. 

Relataron que desde entonces las tarjetas fueron levantadas y pasando por desapercibo el derecho a la defensa y sus derechos laborales, aparte de que los ceses son ilegales en el sentido de que fueron promovidas antes de la restitución ya que el cese es de fecha 20 de abril del 2016, cuando la patronal es decir la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, a través de su titular Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, con fecha 18 de mayo de 2016 los restituyó dejando sin efecto dicho cese; pagándoles hasta el mes de mayo de 2017. 

Demostrando una vez más el dolo y mala fe, aseguraron, ya que la Secretaría a través de su representante legal no advirtió al Tribunal del Trabajo Burocrático que estaba en proceso en el Juzgado de Distrito el amparo 831/2016 el cual los protegía, y aun así solicitó los ceses de los quejosos. Sin fundar ni motivar su efecto un año después de haberse realizado.

Indicaron que el día 16 de mayo fueron  notificadas Dolores Patricia Castellanos Zavala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo y Antonia Hernández Girón, por sus respectivos jefes inmediatos que por Instrucciones de Marcos Shilón Gómez, deben hacer entrega de las cosas que tenían bajo resguardo, y que desde ese momento se les impidiera el acceso a sus áreas de trabajo.

“Es por eso que desde el día 15 de mayo en el horario de salida 16:00 horas hemos estado checando en hojas blancas y cumpliendo nuestro horario de 8 a 4 de la tarde en una banca en el pasillo de esta Secretaría", recalcaron. 

Molestas refutaron contra Marcos Shilón Gómez, defensor de los Derechos Humanos e Indígenas, la falta de ética y moral a su profesión debido a que en este caso ha violentado todos los derechos humanos y laborales de cinco trabajadores, abusando del poder y por demás demostrando la falta de principios, actuando en complicidad con Dagoberto de Jesús Hernández Gómez,  solo por conservar su puesto de director Jurídico.

Por lo antes expuesto solicitaron  la restitución inmediata de: Dolores Patricia Castellanos Zavala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo y Antonia Hernández Girón. Que no se tome ninguna represalia en contra de Dulce Ángela López y Julio Cesar Méndez Sánchez, quienes a la fecha, no se les ha imposibilitado el derecho al trabajo.

Finalmente responsabilizaron directamente a Marcos Shilón Gómez y Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, de cualquier acción intimidatoria, difamatoria e inclusive judicial, que atente su integridad, dignidad y sobre todo que busque descalificatoria y denigratoriamente el buen nombre de ellas y en especial por su condición de género. 
Janet Hernandez Cruz

DIRECTORA GENERAL DE PRENSA LIBRE CHIAPAS.

Sitio Web: www.prensalibrechiapas.com

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